SECTOR PÚBLICO - I SEMESTRE 2013

Los datos de las cuentas públicas muestran un deterioro del resultado fiscal que es financiado con mayor emisión monetaria. En 2011 el resultado primario pasó a ser deficitario por primera vez desde 1996 y el año pasado finalizó con un déficit  primario de $ 4.100 millones y un déficit financiero de $ 52.000 millones. Al mismo tiempo se incrementó el  financiamiento con emisión monetaria del Banco Central que pasó de $ 29.886 millones en 2011 a $ 73.600 millones en 2012.

 

El déficit no fue la consecuencia de una política fiscal expansiva. En 2012, ante el estancamiento de la recaudación impositiva, el gobierno decidió cuidar la caja y no aplicó una política fiscal contra cíclica para atenuar la caída en la demanda y la producción. El año pasado el gasto primario finalizó con un crecimiento nominal del 26% (6 puntos por debajo de la tasa verificada en 2011) y el ajuste se aplicó en los componentes del gasto flexibles a la baja como la inversión pública (+7%) y sobre todo en las transferencias corrientes a las provincias (-5%), que en términos nominales crecieron por debajo de la tasa de inflación.

 

Cuadro 8. Administración Pública Nacional

En millones de pesos - Base Devengado

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ASAP, BCRA, Ministerio de Economía y Ley de Presupuesto 2013.

Cifras provisorias sujeto a revisión por demora en la publicación de cifras oficiales.

 

En el primer semestre de 2013 se observa un cambio en las decisiones de política fiscal. En un año signado por las elecciones legislativas el gobierno está expandiendo el gasto (+30%), sobre todo en inversión pública (+40%), para apuntalar el sector de la construcción y recomponer el nivel de actividad económica. Esta decisión, sumado a los mayores gastos en importación de combustibles (+62%) y una recaudación moderada en términos reales (+28%) implica un incremento del déficit fiscal (+90%) financiado con mayor emisión monetaria (+104%).

 

1. Ingresos

 

En 2013 hubo un repunte de los ingresos del sector público que responde a la baja base de comparación y a un leve incremento en el nivel de actividad económica. En el acumulado del primer semestre la recaudación impositiva aumentó un 28%. Los tributos con mayores tasas de incrementos interanuales fueron “ganancias” y “derechos de importación”.

 

En el incremento de la recaudación del impuesto a las ganancias (+40%) influye el incremento de trabajadores que pagan el impuesto, el aumento en la alícuota por compras con tarjeta de crédito en el exterior, el aumento de precios y el mayor ritmo en la actividad económica. El retraso (respecto a la inflación) en la actualización del mínimo no imponible que pagan los trabajadores comprendidos en la cuarta categoría^[8] implica que en la actualidad el 25% de los asalariados en blanco paga el impuesto a las ganancias mientras que en 2007 el tributo alcanzaba al 10% de los trabajadores. Por su parte en las altas tasas de recaudación en concepto de derechos de importación (+56%) influye la decisión del gobierno de aflojar el cepo a las importaciones para apuntalar la actividad económica y contener el incremento de los precios.

 

La recaudación de IVA creció 30,3% respecto a igual semestre del año anterior. Mientras que el componente relacionado con el consumo interno (IVA DGI) aumentó un 24% el IVA aduana creció un 48,5%, debido la liberación de importaciones.

 

Es significativa la caída en la recaudación de recursos provenientes de los derechos de exportación. Si bien hay una recomposición en el segundo trimestre (+8%) en el acumulado del primer semestre (-12%) influye la mala cosecha del año anterior, la disminución de la alícuota pagada por exportaciones de crudo y la caída en las exportaciones de combustibles y trigo.

 

Finalmente, los ingresos provenientes de las rentas de propiedad tuvieron un aumento significativo que se explican por las mayores (+318%) utilidades del Banco Central transferidas al tesoro y, en menor medida, por el ingreso de rentas provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (+8%).

 

2. Gastos

 

Remuneraciones

 

La tasa de incremento interanual en salarios de empleados públicos nacionales fue del 25% en el primer semestre de 2013. El incremento se explica por la incidencia de la pauta salarial (+20%) otorgada en las negociaciones paritarias 2012. La diferencia entre el 20% de la pauta 2012 y el 25% de aumento de la masa salarial se explica por los incrementos salariales (superiores a la pauta) en el Personal de Seguridad (Prefectura y Gendarmería) y en el aumento de la ocupación (+4% interanual). A fin de ponderar la estructura ocupacional del sector público podemos decir que del total de gasto presupuestado en salarios el 47% corresponde a organismos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

 

Seguridad Social

 

Las prestaciones a la Seguridad Social representan el 38% del gasto total de la Administración Nacional. En el primer semestre de 2013 el gasto aumentó un 34% respecto a igual período del año anterior debido al impacto en la aplicación de la ley de movilidad de los haberes previsionales. En efecto, el haber mínimo, que estaba en $1.434 en Febrero de 2012, aumentó un 34% durante ese año, quedó en $1.925 a partir de Setiembre de 2012 y llegó a $2.165 en Marzo de 2013.

 

Transferencias

 

 

En efecto, el incremento de las partidas presupuestarias reflejan la pérdida de autoabastecimiento en hidrocarburos que supone mayores importaciones de combustibles financiadas por el Estado.

 

También se asignó un crédito de $1.500 millones, gastos por debajo de la línea, con destino al “Fondo Argentino de Hidrocarburos” que tiene el objetivo de financiar proyectos de exploración, explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos. Este aporte se asigna en el marco de La Ley de Presupuesto 2013, que autoriza al Estado Nacional a otorgar préstamos en empresas del sector hidrocarburífero por hasta US$2.000 millones.

 

En materia de subsidios al transporte se observa un gasto de $12.230 millones para los primeros seis meses del año, que representan un 54% de los créditos presupuestados.

 

Dentro de las transferencias corrientes al sector privado se incluyen los pagos en concepto de Asignaciones Familiares. La partida destinada a financiar la Asignación Universal por Hijo tiene un crédito presupuestado de $14.096 para todo 2013 y ejecutó un gasto de $6.809 en el período enero – junio 2013, incrementándose un 30% respecto a igual período del año anterior. El incremento se explica principalmente por la decisión del gobierno de aumentar a $460 el monto de la asignación. Por su parte, las asignaciones destinadas a los hijos de los trabajadores activos, tienen un crédito anual asignado de $12.500 millones y pierde peso en la estructura del gasto. Respecto al conflicto por la no actualización de las asignaciones familiares cabe destacar que en 2010 se financiaban 4 millones de asignaciones por hijo de trabajadores y en 2013 está previsto que se financien 3,6 millones.

 

Gastos de Capital

 

En 2012 la política de ajuste se realizó bajando el gasto en viviendas sociales y obras viales. En los seis primeros meses de 2013, por el contrario, se incrementó en un 39% el gasto en inversión pública. Dentro de la variación interanual se observa un incremento del 128% en las partidas destinadas a viviendas y urbanismo. Al mismo tiempo se aumentaron en $2.000 millones las partidas para el Fondo Fiduciario Público que financia el acceso al plan PROCREAR.

 

En relación a la ejecución de obras viales, los datos del primer semestre muestran un incremento interanual del 19% y un consumo del 45% de los créditos presupuestados.

 

3. Deuda Pública y Fuentes de Financiamiento

 

Este año se presupuestaron $102.500 millones^[9] para saldar el pago de intereses ($55.300 millones) y capital ($47.200 millones) de la deuda pública. Descontando $19.300 millones presupuestados para el Cupón PBI, que no serán devengados porque la economía creció menos de 3,26 en 2012, los vencimientos de deuda pública en 2013 equivalen a $83.000 millones (US$16.000 millones).

 

Descontando los pagos a la ANSES y otros organismos públicos tenemos que el perfil de pagos de deuda pública en moneda extranjera tiene asociado en 2013 vencimientos por US$2.200 millones con organismos internacionales y US$4.100 millones con el sector privado. El vencimiento más importante del 2013 corresponde al BONAR VII que será saldado en Setiembre con reservas del Banco Central.

 

Si bien es cierto que la política de desendeudamiento redujo el peso de la deuda pública[10] en manos de tenedores privados y organismos multilaterales (19% del PBI) también es cierto que se financió con fondos del ANSES, Banco Nación y emisión monetaria llevando la deuda con organismos del Sector Público al 26% del PBI.

 

 

La realidad es que, con o sin FMI, la restricción externa se afrontó en 2012 con una política de ajuste de importaciones y actualmente no contamos con recursos propios para aplicar una política soberana en materia energética. En ese sentido, la política de desendeudamiento, contribuyó al drenaje de recursos y descapitalización que limita los márgenes de soberanía del Estado. Lejos de decidir “nuevamente” como utilizar los recursos, la política energética del gobierno es la búsqueda de capital privado en condiciones de privilegio.

 

Cuadro 9. Asistencia del Banco Central al Tesoro

En millones de pesos corrientes

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Economía y Regiones, Banco Central y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

 

En relación a la política de financiamiento de la deuda resulta necesario diferencias etapas. Hasta el año 2009 los compromisos de la deuda se pagaban con el superávit fiscal primario y nuevas emisiones de deuda (sobre todo con Venezuela). La recomposición del gasto público y la crisis financiera del año 2008 llevó al gobierno nacional a pagar los vencimientos de deuda con las reservas del Banco Central.

 

En 2010 se creó mediante el decreto 298 el “Fondo de Desendeudamiento Argentino” para pagar deuda pública limitando el uso a las reservas de libre disponibilidad[11]. Luego, ante el agotamiento de las reservas de “libre disponibilidad” y los límites de financiamiento del Banco Central al Tesoro vía “Adelantos Transitorios”, se reforma la carta orgánica del B.C.R.A ampliando el margen de financiamiento. A partir de ese momento se consolida una tendencia que conduce a la emisión monetaria y al uso de reservas internacionales como fuentes principales de financiamiento del pago de deuda pública. La contracara de este fenómeno es la consolidación del sector público como factor de creación de base monetaria y la pérdida de reservas del Banco Central. Con esta dinámica las reservas, como porcentaje del producto bruto interno, pasaron del 16.4% a fines de 2009 al 8,5% a fines de 2012.

 

Por otro lado el aumento del déficit fiscal en 2011 y 2012 se expresa en un incremento del stock de Deuda Pública. A fines de 2012 el stock de deuda pública alcanzó los US$197.500 millones (45% del PBI) incrementándose un 10% respecto al año anterior. En relación a la composición de los acreedores, el año pasado se verificó un nuevo incremento del endeudamiento con organismos del sector público (+ US$20.000 millones) y una reducción del endeudamiento con el sector privado y organismos internacionales (-1.500 millones de dólares).

 

En este estado de situación, la aplicación de una política fiscal activa implica mayor emisión monetaria. Es claro que en un año electoral el gobierno aplicará una política fiscal más expansiva con aumento del déficit fiscal y emisión monetaria. Si bien el gobierno no tiene límites legales para aumentar el gasto, porque podría modificar la carta orgánica del banco central ampliando el otorgamiento de adelantos transitorios, sin lugar a dudas irá midiendo los efectos en términos inflacionarios.

 

Por último es para destacar que los datos del primer semestre muestran que el presupuesto, como expresión del plan de gobierno, se encuentra actualmente condicionado no sólo por los pagos de la deuda y el nivel de actividad económica sino también por los recursos fiscales destinados a importaciones de energía que comprometen una suma equivalente al 10% del gasto público.