Desde la reestructuración de la deuda en default, en el año 2010, la Argentina no lograba acceder al crédito externo. La falta de resolución de deuda exigida por el CIADI, REPSOL, Club de Paris y “holdouts”, por un lado, y la poca transparencia de las estadísticas nacionales, alejaron al país de cualquier alternativa de colocación de deuda a tasa menor de un dígito.
En este contexto, la gestión kirchnerista afrontó el pago de deuda externa utilizando las reservas internacionales por un monto entorno a los U$S25.000 millones[1]. Lógicamente, ésta política de desendeudamiento -en moneda extranjera- dejó de ser sostenible a medida que el marco de escasez de divisas se agravó. En pos de poder acceder al financiamiento externo el gobierno anunció una batería de medidas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes.
Primero, las autoridades nacionales aceptaron la propuesta de cancelación de los reclamos -que surgen de laudos dictados en el marco del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI)- efectuada por un grupo de cinco empresas por un monto total de U$S677 millones, que abonó en octubre de 2013 según estableció la Resolución N° 598/13.
Segundo, el gobierno autorizó a partir del lunes 27 de enero la compra de dólares para la tenencia de personas físicas de acuerdo al flujo de ingreso declarado. La decisión fue publicada por el comunicado “A 5526” del BCRA[2]. La morigeración del “cepo cambiario” –ya que continua vigente para las empresas sea para tenencia o giro de divisa- habilitó nuevamente la compra de dólares para el atesoramiento; las operaciones para atesoramiento habían sido prohibidas en junio de 2012 mediante el comunicado “A 5318”.
Tercero, el 27 de febrero Repsol publicó el acuerdo con los funcionarios kirchneristas, al aceptar el pago por un monto de U$S5.000 millones en títulos de deuda pública, más los intereses correspondientes a la expropiación del 51% del patrimonio de YPF S.A e YPF GAS S.A. La ley Nº 26.932 (promulgada el 24 de abril) ratificó el “convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación”. No obstante, la cifra final a pagar ascendió a U$S6.150 millones (más intereses) según publicó la Secretaría de Finanzas mediante la Resolución Nº 26. La norma contempla la ampliación de Bonar X, Discount 33 y Boden 2015, por un monto de U$S800 millones, U$S1.250 millones y U$S400 millones, respectivamente. A su vez, se destaca la emisión de un nuevo título Bonar 2024 (Bono de la Nación Argentina) por una monto total de U$S3.550 millones y la colocación de una Letra del Tesoro por U$S150 millones.
Cuarto, el gobierno llegó a un entendimiento con el Club de Paris -organización que reúne a las naciones acreedoras de la Argentina- y acordó un plan de pagos correspondiente a la deuda declarada en default en el año 2001. El monto consolidado de la deuda reconocida ascendió a U$S9.700 millones. La cifra acordada se cancelará en los próximos 5 o 7 años; implica un pago inicial en concepto de capital de U$S650 millones en julio de 2014 y de U$S500 millones en mayo de 2015 (más intereses).
Quinto, el 13 de febrero el INDEC comenzó a publicar el IPCnu (Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano) como indicador -a nivel nacional- para medir las variaciones de los precios del consumo final de los hogares. El 20 de febrero, mediante la Resolución N°35, el ministro de economía y finanzas públicas Axel Kicillof, dispuso que el nuevo índice de inflación se utilice para indexar los bonos atados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER); medida que disparó la cotización de los títulos ajustados por inflación.
Esta decisión apunta a restablecer las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuales caducaron en enero de 2006 con la cancelación de la deuda por U$S9.810 millones; no obstante, el gobierno se negó –por el momento- a la aplicación, por parte de la institución internacional, del artículo IV o auditoría de las cuentas públicas. Por otro lado, el FMI se opone al resultado de la reestimación del PBI de la Argentina correspondiente al año 2013, y afirma que corresponde una tasa de crecimiento del 4,3%; situación que implicaría afrontar el pago del cupón para mediados de diciembre.
Sexto, el “blanqueo de capitales” (CEDIN y BAADE) se prorrogó por tercera vez consecutiva (hasta el 30 de junio) mediante el Decreto N° 440/14. Resulta importante señalar que la Ley Nº 26.860 permite exteriorizar voluntariamente “la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior” sin sufrir penalidad alguna.
En consecuencia, luego de 4 años el gobierno logró emitir deuda con el sector privado en el mes de marzo del corriente año, mediante la Resolución conjunta N° 65 y 13 de las secretarías de Finanzas y Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Bono de la Nación Argentina (Bonar) en pesos se colocó por un monto de $10.000 millones; posee pago trimestral de los intereses (tasa anual del 28% aproximadamente) y tiene vencimiento el 28 de marzo de 2017.
En el mismo sentido, YPF logró colocar nuevamente deuda por U$S1.000 millones en los mercados internacionales en el primer trimestre del año; en el 2013 había emitido títulos por U$S650 millones luego de 15 años. En la última emisión, consiguió una tasa de un dígito (8,75% nominal anual) y con un plazo de 10 años, pero bajo la ley de Nueva York. La suscripción de las Obligaciones Negociables (ON) Clase XXVIII (denominadas y suscriptas en dólares estadounidenses) logró un monto de U$S5.000 millones.
De este modo, las autoridades nacionales buscan, como contrapartida a los “gestos” mencionados, atraer inversiones y recomponer las reservas, mediante el financiamiento internacional y/o el ingreso de divisas desde el exterior.
Por un lado, el gobierno intenta adelantar proyectos otorgados tales como: el financiamiento chino para represas hidroeléctricas en Santa Cruz por U$S4.700 millones y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por U$S2.000 millones con el fin de financiar obras en el Río Reconquista, construcción de vías, rutas y puertos, entre otros. Cabe mencionar que ésta institución desembolsará a mediados del corriente año un monto de U$S938 millones.
Por otro lado, las autoridades buscan destrabar el acuerdo con el Banco Mundial (BM) que deberán ser asignados a financiar programas de salud, desarrollo rural e infraestructura por U$S3.000 millones hasta el 2016 por un lado, y por otro, completar un nuevo convenio con Chevron para invertir en Vaca Muerta. La firma de origen estadounidense se comprometió a iniciar la segunda fase de inversión en el yacimiento neuquino de “Vaca Muerta”, por U$S1.740 millones, luego de que culminará la primera etapa por un desembolsó que ascendió a U$S1.240 millones.
Finalmente, el gobierno tiene objetivo como lograr un fallo favorable por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el juicio que llevan adelante los holdouts[4], luego de que el juez de Nueva York, Thomas Griesa, fallara a favor de los acreedores que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, sentenciando a la Argentina a pagar U$S1.330 millones.
[1] El Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA) se creó con el Decreto N° 298/10.
[2] La operatoria impactará negativamente en el stock de reservas internacionales debido al retiro de las divisas. Sin embargo, muchas personas encontrarán un atractivo en depositar las divisas obtenidas con el fin de evitar el recargo del 20%. Paralelamente las colocaciones en moneda extranjera totales –impulsadas por el sector privado- experimentaron incrementos en enero y febrero de U$S494 millones y U$S84, respectivamente; no obstante, en marzo se evidenció una caída mensual de U$S444 millones.
[3] La ley aplicable será la de Argentina. Con plazo de 10 años y, emisión y pago en dólares estadounidenses. Se amortizará en seis cuotas anuales y consecutivas, comenzando en el 2019. Devengará intereses por 8,75% nominal anual: las fechas de pago de intereses (semestral) serán el 7 de mayo y 7 de noviembre de cada año hasta su vencimiento, siendo la primera fecha de pago de intereses el 7 de noviembre de 2014.
[4] Aquellos acreedores que no ingresaron en los canjes de la deuda declarada en default en el 2001. Luego del canje del año 2010, representan el 7,6% de la deuda inicial por un monto de U$S6.500 millones (más intereses). El 99% de la deuda en mano de los holdouts se encuentra nominada en moneda extranjera.