En 2011 la economía argentina chocó contra la restricción externa, aún en un contexto de precios internacionales de las materias primas sumamente favorables. El saldo comercial se deterioró, producto de la brusca reversión del saldo comercial energético que se tornó deficitario, empeorando casi 5.000 millones de dólares de un año al otro; la cuenta corriente fue negativa por primera vez en la era K. En este marco, se produjo una sensible caída en las reservas internacionales. El gobierno se adelantó al mayor deterioro de las cuentas externas que se estimaba para 2012, estableciendo una serie de controles. Impuso trabas a las importaciones, que incidieron negativamente sobre la actividad económica; cepo cambiario para frenar la fuga de capitales, que afectó principalmente a la actividad de la construcción; y fuertes restricciones al envío de utilidades y dividendos al exterior. El problema es que estas medidas no se han llevado a cabo en el marco de una política de sustitución de importaciones y desarrollo de la industria nacional, sino que por el contrario, se trata de medidas forzadas, cortoplacistas, ante el contexto de escasez de divisas. A pesar de los mencionados controles, las reservas internacionales continuaron derrapando; en dos años y medio han disminuido 15.000 millones de dólares.
En ese contexto, la actividad económica cerró el año 2012 con un crecimiento prácticamente nulo, lo cual se debió al desempeño negativo de las “vedettes” del modelo (caída en la cosecha de soja, en la producción automotriz, y en la construcción). Luego del primer trimestre de 2013, donde la economía permaneció estancada, a partir del segundo trimestre de este año se observa un importante repunte en la actividad económica, que se explica por el rebote en los tres sectores mencionados, que habían caído sensiblemente en el segundo trimestre de 2012. Sin embargo, este importante repunte en la actividad tiene pocas chances de prolongarse en el tiempo; se trata mucho más de un rebote respecto de un segundo trimestre de 2012 donde la economía había caído significativamente, que del inicio de un crecimiento sostenido. La restricción externa, condicionante fundamental de la evolución de la economía nacional, impone un techo bajo al crecimiento.
El mencionado estancamiento de la economía tuvo su reflejo en el escaso dinamismo del mercado laboral. Desde el segundo semestre de 2012 y hasta el primer trimestre del corriente año se apreció un incremento tanto de la tasa de desempleo abierto como de la de subocupados que buscan trabajo. Los datos del segundo trimestre de 2013 muestran aún una continuidad de este escenario, si bien atenuado por el repunte de la actividad económica: el desempleo dejó de subir y se colocó en el mismo nivel que igual trimestre de 2012, al igual que la subocupación demandante.
Además del seguimiento de esta información sobre el mercado laboral, en este informe se presenta el cálculo de una tasa que incorpora situaciones límite -como la persona que trabaja 2 horas al día-, que para la metodología oficial cuentan como ocupados. La denominamos “tasa de argentinos desesperados por el desempleo”, y su cálculo la ubica en un nivel de casi 9 puntos porcentuales superior a la tasa de desempleo (mientras ésta es del 7,2%, la otra se puede estimar en un 15,9%).
En este contexto, la evolución del salario real ha sido mediocre, con una baja del 3% en los primeros meses del año y una recomposición en mayo y junio, meses en los que toman cuerpo los aumentos surgidos de la negociación sindical. A partir de allí, la variable deberá confrontar el fuerte encarecimiento de los productos panificados, lo cual dejó al desnudo la política de liquidación triguera del gobierno (mientras en los últimos 10 años la soja aumentó su superficie en 6 millones de hectáreas, la última campaña de trigo llegó a ser la menor desde 1900), en un marco en el que no se ha encarado ningún intento serio de regular los márgenes con los que operan los eslabones de comercialización de estos (u otros) alimentos.
Los superávits de la cuenta corriente y fiscal, que eran propagandizados como dos pilares fundamentales del “modelo”, ya no existen más. En primer lugar, el superávit de cuenta corriente, como se comentó recién, desapareció en 2011; por su parte, el superávit comercial sólo puede mantenerse holgado a costa de fuertes restricciones a las importaciones. En segundo lugar, también se ha esfumado el superávit fiscal; en 2012 el resultado primario fue deficitario por primera vez, no sólo en la era K, sino también desde 1996, déficit que se ha agravado en el primer semestre de 2013. En este marco, se consolida la emisión monetaria como instrumento de financiamiento del déficit fiscal.
En el deterioro del sector externo y del resultado fiscal adquieren un rol primordial las crecientes importaciones de energía. Así, en el primer semestre de 2013 se ha profundizado el déficit energético y apunta a superar la friolera de 6.000 millones de dólares este año. Esta situación es producto de años de desinversión y exportaciones no sustentables, en lo cual influyó decididamente el vaciamiento de YPF a manos de Repsol, Eskenazi y el gobierno nacional. Ante la crítica perspectiva del sector, la salida propuesta por el gobierno queda de manifiesto con el reciente acuerdo con Chevron; se trata de la búsqueda de capital extranjero en condiciones de privilegio, ya lejos de la propagandizada “recuperación de la soberanía energética”. La inversión anunciada de US$ 1.240 millones es de una magnitud irrelevante en comparación a los desembolsos necesarios para revertir la caída en la producción, pero representa un caso testigo que puede replicarse con otras petroleras, en línea con las enormes concesiones ya realizadas en los últimos años a otras empresas extranjeras (principalmente a Pan American Energy).
Durante todo el período kirchnerista, el pago de deuda récord contribuyó a restringir las posibilidades de canalizar el ahorro nacional en inversiones públicas para recomponer y ampliar la infraestructura (energía y transportes), descapitalizando la economía nacional y generando enormes compromisos de pagos futuros, entre ellos, en importaciones de energía.