Desde mediados de 2011 se prolonga una situación de déficit en las cuentas externas de nuestro país, que derivó en una sostenida caída de reservas. El Gobierno fue ensayando una serie de medidas para intentar frenar la sangría de divisas, entre las que se destacaron el cepo cambiario y fuertes restricciones a las importaciones; al mismo tiempo optó por continuar pagando “cash”, con reservas, los vencimientos de la deuda en moneda extranjera. Sin embargo, luego de haberse perdido cerca de U$S 22.000 millones de reservas entre enero de 2011 y diciembre de 2013, el año 2014 arrancó con una merma de U$S 2.851 millones en enero, que proyectada para todo el año se tornaba insostenible en términos de estabilidad cambiaria. En este contexto, el Gobierno finalmente adoptó una serie de medidas propias de un plan de ajuste clásico. Entre ellas, la devaluación brusca en enero, que se trasladó rápidamente a precios elevando notablemente la tasa de inflación; la suba de la tasa de interés; el ajuste en las tarifas de servicios públicos; el incremento de precios del transporte y la nafta (regulados por el Estado); los aumentos nominales a los jubilados y a los empleados públicos muy por debajo de la inflación proyectada para 2014. En la misma línea, dado el techo a las paritarias que impuso el Gobierno, la mayoría de los convenios salariales cerraron con incrementos que implicarán un recorte de entre 5 y 10 puntos porcentuales en términos reales en el año.
Este conjunto de medidas constituyen la típica respuesta de corte ortodoxo a la situación de estrangulamiento de la balanza de pagos que padece la economía argentina, a la que se llegó a pesar del fenomenal incremento en los términos del intercambio (+68%) que benefició a nuestro país entre 2002 y 2012. Tal como se esperaba, las mismas contribuyeron a profundizar notablemente el cuadro recesivo de la economía, al afectar negativamente el consumo y la inversión; a la vez permitieron recomponer levemente el nivel de reservas durante el segundo trimestre, principalmente mediante la reducción de importaciones que provoca -además de las fuertes restricciones impuestas- la menor actividad económica.
En paralelo, el Gobierno había iniciado una serie de gestiones tendientes a “normalizar” la situación financiera externa de la Argentina. A las apuradas y accediendo a condiciones sumamente desventajosas para nuestro país, emitió bonos para pagar a Repsol por la expropiación del 51% de YPF (unos U$S 5.000 millones, que se duplican con los intereses), y llegó a un acuerdo con el Club de París, comprometiéndose a pagar U$S 9.700 millones más intereses, en un cortísimo plazo de 5 a 7 años. Esto se sumó al arreglo de juicios pendientes en el CIADI. Sin embargo, el 30 de julio la Argentina entró en default para el mercado financiero internacional (en especial su ala “occidental”), a partir de la no resolución del conflicto abierto con los “fondos buitres”, agravado en sus efectos por la cesión de soberanía en favor de tribunales estadounidenses en el canje de 2005. Esto complicó sobremanera la estrategia del Gobierno, que apuntaba a la búsqueda de financiamiento externo -ya sea mediante endeudamiento o inversión extranjera- para intentar paliar el déficit de las cuentas externas y poder así pilotear con las menores turbulencias posibles en materia cambiaria lo que resta de la actual gestión. En ese sentido, mientras persista la situación de cesación de pagos (o mejor dicho, de cobros), una de las pocas cartas que le queda bajo la manga al Gobierno consiste en lograr la activación de una parte del swap de monedas con China, que permitiría amortiguar transitoriamente la caída en las reservas (posee un plazo de devolución de 12 meses).
En este contexto, durante el segundo trimestre la actividad económica se mantuvo dentro de un escenario recesivo, que tiene fuertes indicios de profundizarse en los próximos meses. Éste se explica principalmente por la caída de la industria, liderada por el derrumbe de la producción automotriz. También contribuyeron a explicar el retroceso de la actividad el desempeño negativo de la construcción, del comercio y del transporte.
Los problemas de la coyuntura económica repercutieron de forma intensa en el mercado laboral. Por una parte, el salto inflacionario que produjo la devaluación (en los últimos 12 meses los precios acumulan subas del orden del 40%) erosionó el poder adquisitivo de los sueldos (el salario real de junio de 2014 está un -8,6% por debajo de su nivel de igual mes de 2013). Por otra, el retroceso en la actividad económica implicó una disminución en la ocupación: proyectando los datos de la EPH, se puede estimar que para la población urbana argentina el total de ocupados habría descendido en cerca de 250.000 individuos entre el segundo trimestre de 2014 y su par de 2013; dato especialmente serio cuando se considera el incremento demográfico del país, que como todos los años aumenta el número de potenciales trabajadores. En este marco, la única explicación de que el incremento de la tasa de desempleo oficial (sube al 7,5%) sea relativamente escaso es el extravagante comportamiento de la tasa de actividad que registró el INDEC, la cual se ubicó en el mínimo registro histórico de la EPH. Si se computase la tasa de desempleo manteniendo el nivel de la tasa de actividad vigente el año pasado, la primera treparía al 9,4% de la PEA.
Durante el primer semestre el Sector Público Nacional registró un déficit primario –sin contar las rentas de la propiedad– de $ 49.400 millones, y un déficit financiero de $ 84.200 millones, implicando un fuerte deterioro con relación a igual período de 2013. El aumento del déficit es consecuencia tanto del estancamiento de la recaudación tributaria (+34%) como de la expansión del gasto primario (+47%). La caída (en términos reales) de la recaudación se explica por la baja del salario real y del consumo, que impactaron negativamente en la recaudación del IVA DGI y de la Seguridad Social. Por el lado del gasto, el sesgo expansivo está vinculado a las mayores transferencias en subsidios (principalmente los vinculados a la importación de energía) y los aumentos de sueldos otorgados al personal de seguridad (tras los sucesos de diciembre de 2013). Al igual que en los últimos años, la brecha entre la evolución de ingresos y gastos se financia con mayor emisión monetaria del Banco Central, que totalizó en $ 43.200 millones durante el acumulado del primer semestre.
En lo que respecta al sector externo, en el segundo trimestre las exportaciones volvieron disminuir drásticamente (-10,9% anual según INDEC) -con bajas en todos los rubros excepto las manufacturas de origen agropecuario-, acumulando en los primeros seis meses de este año una caída levemente menor (-10,1%). Si bien la recesión y las restricciones que impone el Gobierno han contribuido a recortar fuertemente las importaciones (-12,5% anual en el segundo trimestre, -7,5% acumulado en el semestre), esto no ha alcanzado para evitar el deterioro del saldo comercial, que acumuló una merma de casi U$S -1.500 millones en el primer semestre, con relación a un ya disminuido saldo de 2013. Sin embargo, la situación podría ser de mayor gravedad, debido a que algunas consultoras que contratan la “base de usuarios” del propio INDEC han encontrado que el saldo comercial que surge de dicha fuente es sensiblemente menor al que reporta el organismo estatal en sus informes públicos, tanto en 2013 como en lo que va de este año, lo cual llena de suspicacias la información oficial. En adelante, el panorama exportador dista de ser alentador, dado el estancamiento que exhibe el PIB de Brasil y la caída abrupta que acusó el precio de la soja en Chicago a partir de julio.
Teniendo en cuenta que el saldo comercial es la fuente casi exclusiva de divisas de la economía y que el conflicto con los fondos buitres ha complicado notablemente la estrategia oficial de contar con financiamiento externo a tasas razonables, es de esperar que se profundicen las restricciones a las importaciones, afectando la actividad industrial (altamente dependiente de insumos importados), a fin de intentar minimizar la caída en las reservas. La reducción de las importaciones se ha convertido en el principal mecanismo de ajuste del déficit en la balanza de pagos, vía restricciones y recesión (en parte provocada por la política oficial). Por otro lado, el Banco Central ha incrementado nuevamente el ritmo de devaluación del peso ante la apreciación cambiaria que genera la elevada inflación, la cual erosiona la cuenta corriente e incentiva la fuga hacia el dólar.
Si bien durante el segundo trimestre las políticas recesivas del Gobierno lograron revertir la caída de las reservas, apuntaladas también por el mayor ingreso estacional de dólares de la soja, el panorama para el segundo semestre aparece mucho más complicado, debido a que declina la oferta de divisas de la oleaginosa y que aún restan afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera por unos U$S 2.000 millones de dólares. Sin embargo, la mayor incertidumbre se traslada al próximo año, en el cual los vencimientos de deuda se aproximan a unos U$S 10.000 millones, con reservas que actualmente se ubican ligeramente por encima de los U$S 28.000 millones y un desempeño de las exportaciones que difícilmente logre mejorar.
Durante todo el período kirchnerista, el Gobierno realizó pagos récord de deuda sin plantear una investigación de la misma, a fin de separar la parte legítima de la ilegítima y fraudulenta. Desconoció así el fallo del Juez Ballestero del año 2000 que prueba no menos 477 ilícitos en el proceso de endeudamiento, siguiendo la exhaustiva investigación realizada por Alejandro Olmos. Luego de más de una década, los hechos demostraron que la política de “pagadores seriales”, lejos de resolver el karma de la deuda y ampliar los márgenes de autonomía en el manejo de la política económica, contribuyeron a acelerar el estrangulamiento de la balanza de pagos. Si en una primera etapa esto “sólo” tuvo el costo de restringir la canalización del ahorro interno a la inversión productiva en favor del desarrollo nacional, en una segunda fase se ha pagado directamente a costa de las reservas del BCRA, la emisión monetaria y, finalmente, de un significativo ajuste en la capacidad de consumo de amplios sectores populares. El resultado es una economía que, lejos de haber generado cambios relevantes en su estructura productiva, actualmente se encuentra sumida en una recesión, con destrucción de fuentes de empleo y deterioro del salario real, una inflación galopante, fuerte déficit fiscal y del sector externo, una gran descapitalización en su infraestructura (energía, transportes) y una enorme deuda social (vivienda, salud, educación).
En este marco, la estrategia volvió a ser, como en otros momentos de la historia reciente, la búsqueda casi desesperada de financiamiento externo, lo cual implica nuevos condicionamientos al manejo de la política económica local. Con el agravante de que ahora el tan anhelado ingreso de divisas se encuentra restringido por la voluntad de la justicia estadounidense. Mientras tanto, la política oficial pasa por profundizar la devaluación y la recesión.