El gobierno comenzó el año con una serie de medidas propias de un programa de ajuste clásico, sin explicitar ningún plan integral o sus objetivos. Así, implementó una devaluación brusca, elevando el dólar a 8 pesos, y una fuerte suba de las tasas de interés de referencia del BCRA (del 16% al 29%). El salto devaluatorio tuvo como efecto inmediato un incremento de la inflación, golpeando los bolsillos de los sectores populares; la suba de las tasas de interés, por su parte, incidirá negativamente en la inversión y, especialmente, sobre el consumo. En este contexto de disparada inflacionaria, el gobierno también dio luz verde a la suba de precios regulados, como el transporte y combustibles, para disminuir la factura de subsidios. En paralelo, es explícito su objetivo de imponer un techo bajo a las paritarias, muy por detrás de la inflación, a fin de provocar una caída del salario real, lo cual impactará negativamente sobre el consumo. Una primera muestra la dio con el mezquino aumento (nominal) del 11% a los jubilados y la no menos paupérrima oferta de 22% en tres pagos a los maestros. Además, en un marco en el que resulta improbable un salto relevante en las exportaciones, es esperable que 2014 sea un año con renovadas trabas a las importaciones por parte del gobierno, a fin de intentar apuntalar el saldo comercial -la principal fuente de divisas de la economía-, lo cual afectará la actividad industrial, altamente dependiente de insumos y tecnología extranjeros.
Más allá del discurso (cada vez más alejado de la épica “nacional y popular”), estas medidas recesivas, que apuntan a enfriar la economía, son la típica respuesta de corte ortodoxo a la situación de estrangulamiento de la balanza de pagos que experimenta actualmente la economía argentina, a la que se llegó a pesar del notable incremento en los términos del intercambio que benefició a nuestro país entre el 2002 y el 2012. En este marco, el ajuste que está en marcha se vincula al agotamiento de los pilares fundamentales del “modelo”: el tipo de cambio alto (“competitivo”) y el superávit fiscal y de las cuentas externas.
El tipo de cambio alto y el superávit externo fueron erosionados por la creciente inflación, la cual generó una progresiva apreciación cambiaria que contribuyó al deterioro de la cuenta corriente (donde se destaca el creciente rojo del turismo) y a la fuerte fuga de capitales del período 2008-2011. Por otro lado, los cuantiosos pagos de deuda pública en moneda extranjera con reservas y la brusca reversión del saldo comercial energético, que se ha tornado crecientemente negativo, incidieron notablemente en el déficit de las cuentas externas. Después del fracaso de la política de parches aplicada en los últimos dos años para intentar frenar la sangría de divisas, el gobierno finalmente recurrió a estas medidas que le permiten “ganar tiempo”, descargando el ajuste y la inflación sobre los sectores populares, a la vez que imponen un violento freno a la actividad económica. Mientras tanto, diversas señales del gobierno (nueva “metodología” del índice de precios, pago a Repsol, negociaciones con el Club de París, arreglos en el CIADI), aparecen encaminadas a intentar retornar a los mercados de deuda.
En consecuencia, mientras originalmente se proyectaba un año de estancamiento de la economía, las recientes medidas de ajuste del gobierno conducen a que el escenario más probable termine siendo el de una caída en la actividad; esto dependerá en última instancia tanto de la profundización de las políticas recesivas como de otras variables que condicionan fuertemente la evolución de nuestra economía (el desempeño de Brasil y el precio de las materias primas, principalmente).
Esta situación pone de manifiesto los acotados límites de la estructura económica vigente, basada en la sojización, el extractivismo minero, y algunas industrias dependientes como la automotriz y la aceitera. Esto en un contexto internacional que ha sido sumamente favorable para nuestro país, con el vendaval de cola que significó el fuerte y sostenido aumento en los términos del intercambio entre 2002 y 2012, de la mano del incremento en el precio de la soja.
En lo que respecta al desempeño de la economía en 2013, los datos del cuarto trimestre ratificaron el enfriamiento de la actividad económica que ya se observaba en el tercero. El año cerró con un aumento promedio del 3,1% según Ferreres, gracias al importante repunte que exhibió la economía en el segundo trimestre. Sin embargo, dicho repunte duró poco, y ya en el tercero se frenó la recuperación, retornando la economía a una situación de estancamiento, que tiene altas chances de derivar en una caída de la actividad económica con el correr del año.
En este marco, el último trimestre de 2013 se caracterizó por un incremento de la inflación –con especial énfasis en el sensible rubro “alimentos y bebidas”-, al calor de la política de devaluación homeopática que caracterizó al período (se acumuló un 8,2% entre octubre y diciembre, totalizando en el año un 28,85%). Este tramo final redondeó un 2013 de estancamiento salarial, habida cuenta de que en promedio los acuerdos en paritarias sólo arañaron esa cifra.
En materia de ocupación, el cuadro evolucionó siguiendo los lineamientos de un cuarto trimestre que completó un semestre en el que la actividad se ubicó en un nivel más elevado que el vigente en el recesivo 2012. Sumado a esto, la disminución de la tasa de actividad generó una caída de la tasa de desempleo del 6,9% al 6,4% (comparando últimos trimestres). Este último fenómeno está explicando la disminución conjunta de esta tasa y de la de empleo (baja del 43,1% al 42,7%). GERES hace notar que la tasa de desocupación, por la forma en que es construida, resulta un indicador muy perfectible a la hora de estimar la cantidad de personas afectadas por este problema. En ese sentido, la tasa de argentinos desesperados por el desempleo que calcula este equipo (que incluye infraocupados, desocupados “desalentados” y ocupados en condiciones particularmente oprobiosas) resulta ser 2,5 veces la tasa de desempleo abierto oficial.
En el acumulado del año 2013, el resultado primario del Sector Público Nacional No Financiero fue deficitario en $22.479 millones y el resultado financiero fue negativo en $64.478 millones. A su vez -neto de recursos de ANSES Y BCRA- el déficit primario se incrementó desde 1,4% del PBI en 2012, a un total de 3% del PBI en 2013. Por su parte el déficit financiero –asimismo neto de recursos de ANSES y BCRA– alcanzó aproximadamente 4,6% del PBI ($123.737 millones) y se financió por medio de la emisión monetaria que pasó de $73.600 millones en 2012 a $94.000 en 2013.
Por otro lado, el saldo comercial registró una nueva caída, del 14,6% anual, en el cuarto trimestre de 2013. De ese modo, cerró el año con un saldo acumulado de 9.024 millones de dólares, lo cual implicó una reducción del 27,3% respecto de 2012, siendo el más bajo desde la devaluación de 2002. Esto se debió fundamentalmente al brusco deterioro del saldo comercial energético, que arrojó un déficit de U$S6.163 millones, empeorando casi U$S4.000 millones con relación al 2012.
Las reservas internacionales cerraron 2013 en 30.599 millones de dólares, con un derrumbe de U$S12.691 millones a lo largo del año, siendo la mayor caída en el cuarto trimestre. Desde la instauración del “cepo cambiario”, la sangría se elevó a la friolera de U$S16.490 millones.