En el cuarto trimestre de 2014 la economía argentina continuó inmersa en un contexto recesivo que se prolonga desde fines de 2013. En dicho trimestre, el indicador de actividad IGA exhibió una caída del -3,8%, cerrando el año con un retroceso promedio del -2,6%. Los sectores que más contribuyeron a este desempeño negativo fueron la industria, el comercio y, en menor medida, la construcción. En el caso de la industria, la baja fue generalizada en prácticamente todas sus ramas, siendo liderada por el desplome de la producción automotriz. Por el lado de los componentes de la demanda, el consumo volvió a disminuir en el cuarto trimestre, acumulando en el año una retracción significativa por primera vez en la era “K”; la inversión continuó en caída, mientras que el volumen exportado acusó su mayor debacle (-10%) desde la crisis de 2009.
El fuerte retroceso que evidenció la economía se vincula directamente al combo de medidas de ajuste que aplicó el gobierno desde principios de 2014. Entre ellas se destacaron la brusca devaluación de enero de ese año, que se trasladó rápidamente a precios; el aumento en las tasas de interés para quitarle presión al dólar; la imposición de un techo bajo a las paritarias, por detrás de la inflación; el incremento del precio de la nafta (regulado por el estado) y de servicios públicos. En paralelo, profundizó las restricciones a las importaciones, que afectan a la dependiente industria local, y sostuvo el cepo cambiario.
El ajuste tuvo su expresión en el mercado laboral, que completó un año para el olvido: mientras que en el último trimestre de 2014 subió fuerte la subocupación (de 7,8% a 9,1% de la población económicamente activa), la desocupación abierta se calculó en alrededor del 9% (corrigiendo el dato INDEC mediante el recurso de utilizar una tasa de actividad verosímil). Por su parte, los salarios acusaron el golpe devaluatorio: al margen del obvio retroceso de su valor medido en dólares (en promedio, un -12,3%), la pérdida en términos reales también fue más que importante (un -6,7% en el año y un -5,7% en su trimestre final). La inflación galopante del 39,8% -promedio anual, según las mediciones que considera GERES- superó por varios cuerpos toda mejora nominal de estos ingresos, recortando aún más otros, como el haber mínimo jubilatorio (-8,2%) y el salario de los empleados estatales (-9,1%).
El descenso de la actividad económica también se manifestó en el plano fiscal. Si bien durante el cuarto trimestre se observó cierta recomposición en la recaudación tributaria, explicada fundamentalmente por el mayor dinamismo del impuesto a las ganancias, en el acumulado de 2014 la expansión fue menor (36%), 3 puntos porcentuales (p.p.) menos que la inflación y 7 p.p. por debajo del aumento en el gasto público. Los impuestos que explicaron el deterioro de las fuentes de financiamiento del Estado fueron aquellos vinculados al consumo (IVA) y al salario de los trabajadores registrados (Aportes a la Seguridad Social). Esta evolución, conjuntamente con el sostenimiento de una política de gasto levemente expansiva (3 p.p. por encima de la inflación) arrojó un déficit fiscal equivalente al 5,5% del PIB, siendo financiado principalmente con emisión monetaria, que saltó de $94.000 millones en 2013 a $161.500 en 2014.
En lo referido al sector externo, el saldo comercial informado por el INDEC para 2014 disminuyó U$S 1.316 millones respecto de 2013, ubicándose en U$S 6.687 millones, el más bajo desde 2001. Sin embargo, la situación podría ser mucho más desfavorable, debido a que algunas consultoras que contratan la “base de usuarios” del propio INDEC (información que no es pública) advirtieron que el saldo comercial resultante en la misma fue de sólo U$S 2.176 millones; esta notable discrepancia comienza a registrarse en 2013 y sería fruto de una sobreestimación en las exportaciones que informa por el organismo estatal.
Advertimos desde un principio que en 2014 el gobierno aplicó la clásica respuesta de corte ortodoxo para hacer frente al enorme déficit de las cuentas externas que emergió en el año 2011 y que amenazaba con llevar las reservas a un nivel insosteniblemente bajo en términos de estabilidad macroeconómica. Tal como se esperaba, esto impactó en forma negativa sobre el consumo y la inversión, en un marco de persistente declive exportador, contribuyendo a agudizar la incipiente recesión que comenzaba a gestarse hacia fines de 2013. Como en otros momentos de la historia argentina -luego de una serie de parches que fracasaron- el gobierno finalmente desempolvó la vieja receta de inducir una recesión devaluando y recortando el salario real, principalmente a fin de reducir importaciones y así intentar contener la sangría de las reservas, cuyo destino prioritario ha sido el pago de la deuda en moneda extranjera. Esta meta finalmente se cumplió; las compras externas se desplomaron (-11,4%), acompañando el derrumbe exportador, y las reservas cerraron el año en cerca de U$S 31.500 millones, nivel ligeramente superior al que exhibían a fines de 2013. No obstante, la recesión y las restricciones por sí solas no alcanzaron; esto se logró en gran medida gracias al sostén que implicó la activación de tres tramos de la línea de crédito (swap de monedas) con China, los préstamos de otros bancos extranjeros y los pagos de bonos que no pudieron ser cobrados por sus acreedores a causa del fallo del Juez Griesa, entre otros factores relevantes. De no ser por estos fondos de carácter transitorio, las reservas hubieran caído al menos unos U$S 3.500 millones; además existieron ingresos extraordinarios (telefonía 4G, adelanto de cerealeras, pesificación de las carteras bancarias) sin los cuales hubiera empeorado aún más el resultado. Así, la relativa estabilización del sector externo en 2014 se logró tanto a costa de incrementar el endeudamiento externo como de políticas recesivas con sus consiguientes impactos negativos en el mercado laboral y los ingresos de amplios sectores populares.
En 2015 las exportaciones están condenadas a padecer un nuevo retroceso. A pesar de la cosecha récord de soja (estimada en 57 millones de toneladas), la fuerte baja del precio de la oleaginosa implicará una drástica disminución del valor exportado de ese complejo, cuya magnitud dependerá en última instancia del grado de acumulación de soja que efectúen los productores. Además, debe remarcarse que la cosecha total será inferior a la registrada en la campaña previa y que la baja de precios ha sido generalizada para todos los granos y derivados. El panorama para las exportaciones de productos industriales tampoco es alentador, debido al estancamiento que arrastra la economía brasileña, a lo que se suma la devaluación de su moneda, mientras que las ventas externas de combustibles mantendrán su sostenida marcha descendente (si bien el derrumbe del precio del petróleo juega a favor del deteriorado saldo energético).
Por otro lado, la elevada inflación continuó erosionando el tipo de cambio real, que ha perdido por completo el valor obtenido tras el salto devaluatorio de enero de 2014. De esta forma se retornó a un contexto de creciente apreciación cambiaria, que por un lado actúa como “ancla nominal” de la economía, pero por el otro contribuye a desgastar la deteriorada cuenta corriente e incide negativamente sobre la afluencia de divisas.
En este marco, es de esperar que el gobierno mantenga apretado el torniquete importador, afectando con ello la actividad económica y, en particular, la industrial; más aún teniendo en cuenta que la carga de la deuda en moneda extranjera se torna mucho más pesada este año, con vencimientos que se elevan a unos U$S 12.000 millones. De ese modo, el ritmo de la actividad económica continuará condicionado por la situación de estrangulamiento de la balanza de pagos, que estrecha el margen que dispone el gobierno para impulsar el consumo y la inversión. En ese sentido, debe considerarse la posibilidad de un refinanciamiento del Boden 2015 (vencen U$S 6.500 en octubre) -quizás con una oferta más “agresiva” que la fracasada propuesta de fines de 2014- que patee el problema para adelante y permita incrementar la disponibilidad de divisas a fin de oxigenar la economía. De todos modos el panorama de las cuentas externas lucirá por demás complicado si el gobierno pretende poner la economía en marcha nuevamente.
Señalábamos en informes previos que la estrategia oficial para escapar de esta situación apuntaba a la búsqueda de financiamiento externo (arreglos en el CIADI, pago a Repsol y acuerdo con el Club de París, que paradójicamente incrementaron la deuda para los años siguientes). Pero el default parcial provocado por el conflicto con los fondos buitres complicó este camino, dificultando aún más el acceso a los mercados de deuda a tasas bajas.
Es en este contexto de extremada vulnerabilidad en las cuentas externas que se inscriben los recientes convenios con China, los cuales le otorgan al país asiático excepcionales condiciones de privilegio para sus inversiones en la Argentina, siendo sólo comparables a las aceptadas por unos pocos países de África. El objetivo inmediato perseguido por el gobierno, cada vez más apartado del discurso “nacional y popular”, reside en la urgida búsqueda de financiamiento, a fin de intentar moderar el ajuste y la recesión en el presente año electoral. De ese modo, asistimos a un salto cualitativo en la “alianza estratégica integral” con China, ahora devenida en prestamista de última instancia, que lejos de estar en función del desarrollo nacional, contribuye a profundizar la dependencia de nuestro país.